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El sistema de pensiones en España se encuentra actualmente en un punto crítico debido a los cambios demográficos y socioeconómicos que sufre la sociedad y que pone en riesgo su sostenibilidad financiera. Así, la sostenibilidad del sistema depende de que el número de ciudadanos en activo sea superior al número de pensionistas, de tal forma que cada generación sea capaz de financiar la jubilación de la anterior.

Este principio de reparto está íntimamente ligado a la pirámide poblacional del país, que ha cambiado mucho desde que se establecieron los primeros seguros de vejez con la implementación del Seguro Obligatorio del Retiro Obrero a través del Real Decreto-Ley de 11 de marzo de 1919. Desde entonces, y a pesar de las reformas que se han llevado a cabo hasta llegar al sistema actual, en los últimos años se ha puesto de manifiesto la insostenibilidad del sistema a largo plazo debido entre otras cosas a la baja tasa de natalidad, una mayor esperanza de vida y unos altos niveles de paro debido a la crisis económica del año 2008. La previsible nueva crisis económica derivada del confinamiento del año 2020 no hará más que empeorar las cosas.

Todas estas circunstancias han dado lugar a que el Fondo de Reserva, donde se guarda el superávit acumulado de la Seguridad Social y creado en el año 2000, haya ido menguando en los últimos años de manera notable, tal y como muestra la figura siguiente, hasta quedar prácticamente agotado. El hecho de que los trabajadores en activo ya no sean capaces de mantener por sí mismos a los pensionistas de hoy en día, evidencia que el sistema de pensiones públicas no es sostenible con su diseño actual. Una vez agotado el Fondo de Reserva, el Estado se verá abocado a buscar nuevas vías de financiación de las pensiones con nuevos impuestos o a incurrir en elevados déficits que contravienen lo acordado con la Unión Europea.